EMPRESAS PÚBLICAS: REVISIÓN HISTÓRICA PARA UNA NUEVA TEORÍA ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO EN CHILE HASTA 1973
$23.800
Uno de los principales efectos que surgen de la consolidación de ciertas formas de organización política y social es su normalización, es decir, el que determinados constructos políticos y sociales dejen de ser entendidos como el resultado de decisiones que buscan implementar cierto orden y son percibidos como si se tratara de realidades naturales, normales. De esta forma, las instituciones del presente, aquellas que cumplen un papel determinado en la construcción y protección del orden social vigente, pierden, progresivamente, su huella histórica, la que se desvanece en una suerte de aceptación tácita, pacífica y sumisa de una realidad que se presenta, a sí misma, como normal. Con esta normalización desaparecen todos aquellos conflictos históricos que dan forma a las instituciones políticas del presente, visibilizando la tensa relación entre vencedores y vencidos, vencidas, quienes protagonizaron importantes procesos históricos que son enterrados en el pasado, perdiendo toda potencialidad de incidir en el presente. Lo propio ocurre con la posibilidad de pensar alternativas al orden vigente, pues su normalización no solo implica que desaparece la huella histórica que permite entender su existencia, también genera un efecto adicional: delimita los bordes conceptuales dentro de los cuales se desarrolla el discurso de verdad, aquello que puede ser dicho o pensado, fuera de los cuales toda reforma es vista como falsa, irracional o, incluso, antinatural. La normalización de las instituciones sociales enturbia el horizonte de posibilidades, garantizando la pervivencia de aquel orden social que surgió de un pasado cargado de conflictos políticos, económicos y sociales. La dicotomía legal/ilegal se instala proyectando la relación bueno/malo, donde la legalidad que da forma al orden vigente se normaliza como buena.
Esta es la situación que enfrenta la discusión constituyente que se verifica en el país, la que ha cobrado nuevas fuerzas luego de los acontecimientos desencadenados a partir de octubre de 2019. Y es que el orden constitucional vigente no resulta de la evolución de la tradición constitucional chilena; sus raíces no se agotan en el presidencialismo histórico de Chile o en la organización territorial del Estado en clave unitaria y centralista. Por el contrario, la clave identitaria de esta Constitución es deudora, principalmente, de los conflictos políticos y sociales que definen la historia del siglo XX –marcados por la emergencia de distintos actores politicos y sociales que reivindican su lugar en aquello que se ha llamado el reparto de lo sensible– los que se intensificaron en el período 1964-73 y se radicalizaron desde el golpe. El proyecto constitucional de la dictadura es una reacción autoritaria, políticamente conservadora, contra esos procesos históricos, cuya finalidad es implementar y conservar determinado diseño de ingeniería social, el que todavía se encuentra vigente. Son estos antecedentes los que permiten explicar el sentido de una serie de instituciones creadas por la Constitución Política de 1980, cuyo conjunto no tiene paralelo en la historia de Chile ni en el Derecho comparado……. –
El proyecto constitucional de la dictadura ha sido beneficiado por este fenómeno de la normalización, borrando la huella histórica que explica su existencia e higienizando los efectos políticos y sociales que despliega sobre la sociedad, neutralizando toda posibilidad de pensar alternativas a dicho orden social.
Jaime Bassa Mercado
Productos Relaciones
Productos relacionados
-
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
$49.000CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
$49.000En la actualidad, el Estado compra, construye y se asocia con privados con
una intensidad que no le conocíamos. Cada vez son mayores los volúmenes
de compra que demandan los Órganos de la Administración del Estado
y más variadas las obras que el Estado necesita construir y/o administrar
con la ayuda de los particulares. Para alcanzar un desarrollo óptimo de
esta nueva forma de gobernar –en ayuda con el sector privado– y que las
asociaciones públicas-privadas sean beneficiosas tanto para la Administración Pública como para los particulares, es necesario que las reglas
que regulan el procedimiento de formación de voluntad y ejecución del
contrato administrativo sean claras y conocidas por las partes.
En este contexto, la jurisprudencia y la doctrina juegan un rol importante. Ante la limitada capacidad de las Leyes y los Reglamentos para
prever todas las situaciones que pueden darse, el rol de la jurisprudencia
y la doctrina es colmar ese vacío con decisiones que sean adecuadas a los
principios jurídicos que regulan la materia. Así, en lo que respecta a la
contratación administrativa, se espera que el contenido de los principios
introducidos por la LBCASYPS –tales como, igualdad de los oferentes,
estricta sujeción a las bases y libre concurrencia de los oferentes– sea finalmente definido por un desarrollo jurisprudencial y académico robusto,
coherente y fundamentado. Pretender que sea la propia LBCASYPS o su
Reglamento los encargados de definir el contenido de dichos principios,
es un despropósito.
Debido a lo anterior, llama la atención que, a más de 10 años de la
dictación de la LBCASYPS, aún no exista certeza sobre el contenido de
algunos de sus principios basales, como lo es, por ejemplo, el principio
de igualdad de los oferentes. En concreto, es común ver en la jurisprudencia tanto administrativa como judicial que este principio es utilizado
por los particulares como un broche de oro en sus respectivas demandas o
denuncias, en las que en base a muy pocos fundamentos y apelando a un
sentimiento común de justicia, se alega que cualquier tipo de infracción alCONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
12
ordenamiento jurídico constituye una trasgresión al principio de igualdad.
Y por el otro lado, advertimos que la CGR o el Tribunal encargado de resolver el conflicto, en no pocas ocasiones, hace suyo dichos argumentos y
a través de una escasa fundamentación y desarrollo del principio, declara
si éste ha sido transgredido o no. Por su parte, la doctrina nacional tampoco ha realizado esfuerzos por sistematizar el principio de igualdad de
los oferentes y ello se ve reflejado en las escasas o casi inexistentes obras
que lo tratan con profundidad.
En este ámbito, el principal objeto de este estudio es sistematizar el contenido del principio de igualdad de los oferentes y definir sus características
y efectos, determinando, por ejemplo, quién es el obligado, en qué tipo de
cláusulas normativas y reglamentarias se encuentra regulado, a qué tipo
de igualdad estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad entre
los oferentes y si se trata de una igualdad establecida como principio y/o
valor general o como un derecho individual de los particulares. Aclarado
lo anterior, estaremos en condiciones de establecer líneas o parámetros
bajo los cuales podrá señalarse que el principio de igualdad ha sido infringido y, por el contrario, definir cuándo este principio no ha sido violado.
Con este estudio, además, pretendemos analizar los parámetros o guías
dictados por la jurisprudencia (administrativa y judicial) y la doctrina, para
efectos de determinar si las decisiones o soluciones dictadas por aquellas
se adecuan o no al contenido del principio de igualdad de los oferentes.
Para alcanzar las conclusiones recién referidas, en primer término,
estimamos necesario estudiar el contexto en el cual surgen y se desarrollan los contratos administrativos. Por esta razón, en el Primer Capítulo nos
referiremos a la actividad contractual de la Administración –por oposición
a su actividad unilateral de dictar actos administrativos– y cómo es que, en
definitiva, la asociación entre el mundo público y privado –principalmente
a través de los contratos– ha mutado la forma de gobernar y el concepto
de administrado. Esta primera parte del Primer Capítulo finaliza con un
análisis de los beneficios y costos de las asociaciones públicas y privadas.
Estudiada la actividad contractual de la Administración, en la segunda
parte de este Capítulo nos referiremos al contrato administrativo, específicamente, a su concepto, características y clasificación, destacando las
particularidades de este tipo de acuerdo de voluntades que lo diferencian
de los contratos celebrados bajo el régimen civil.
Analizados los distintos tipos de contratos administrativos que se encuentran regulados por el ordenamiento jurídico nacional, en el Segundo
Capítulo estudiaremos específicamente los contratos administrativos celebrados bajo la LBCASYPS. Así, en la primera parte de este Capítulo el
objeto de estudio será la propia Ley y su Reglamento, centrándonos enIntroducción
13
definir las novedades que introdujo la dictación de la LBCASYPS. Luego,
la segunda parte del Capítulo trata los aspectos conceptuales del contrato
de suministro y prestación de servicios y la tercera parte se refiere a cada
uno de los procedimientos de contratación administrativa regulados por
la LBCASYPS y su Reglamento –esto son, la licitación pública, la licitación
privada, el trato directo, la compra ágil, el convenio marco y el proceso de
gran compra vía convenio marco–, destacando los principales problemas
y desafíos que se han presentado en cada una de estas etapas. El Segundo
Capítulo finaliza con un breve análisis de los principios introducidos por
la LBCASYPS –el principio de estricta sujeción a las bases y el principio
de libre concurrencia– para dar pie al análisis del principio objeto del
presente estudio.
Así, una vez definido el marco teórico del presente estudio –esto es,
la actividad contractual y los contratos administrativos celebrados bajo la
LBCASYPS y su Reglamento– el Tercer Capítulo se refiere de manera específica al principio de igualdad de los oferentes. Para efectos de definir el
objeto del estudio, estimamos pertinente, en primer lugar, referirnos a
los aspectos conceptuales de este principio. Así, en esta primera parte del
Capítulo se analizan –con el fin de una comparación posterior– las distintas
concepciones del principio de igualdad en materia constitucional, para
luego analizar los diferentes entendimientos del principio de igualdad de
los oferentes. La segunda parte de este Capítulo constituye un estudio de
las manifestaciones y excepciones al principio comento, utilizando como
parámetro las regulaciones, la jurisprudencia y la doctrina que existen
sobre la materia. Para efectos de un correcto entendimiento, este análisis
se encuentra expuesto por orden cronológico, según las principales etapas de los procedimientos administrativos de contratación y busca poner
en evidencia cómo es que, en la práctica, se ha aplicado el principio de
igualdad de los oferentes. Asimismo, este estudio busca levantar algunas
inconsistencias en la jurisprudencia judicial y administrativaÍndice
Tabla de abreviaturas………………………………………… 9
Introducción………………………………………………. 11
Capítulo I
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA……….. 15
Primera Parte
FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA. LA ACTIVIDAD
CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN……….. 15
I. Relevancia de la contratación administrativa……………………. 15
II. El origen de la actividad contractual de la Administración………….. 17
III. La actividad contractual de la Administración como una nueva forma de administrar. . . . . . . 20
IV. Beneficios de la asociación público-privada…………………….. 24
1. Generaría mayor competencia, aumentando los incentivos para prestar el servicio de manera eficiente…………………………… 25
2. Dotaría de mayor transparencia, publicidad y “accountability” a los procesos de compra y negociación…………………………… 27
3. Mejoraría la calidad de los servicios gracias al conocimiento e infraestructura del sector privado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4. Aumentaría la participación y adherencia de los ciudadanos a las decisiones gubernamentales……………………………….. 29
V. Críticas a la asociación público-privada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. La asociación pública-privada no generaría mayor competencia ni sería más eficiente……………………………………….. 31
ÍNDICE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
258
2. Los privados no se encontrarían sujetos a los valores de transparencia,
publicidad y “accountability” con la misma intensidad que el sector público . … . . . . . . . . . . . . . . 33
3. Los conflictos de intereses entre las metas públicas y privadas impedirían mejorar la calidad de los bienes y servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. No sería efectivo que aumentaría la participación y adherencia de los ciudadanos a las decisiones gubernamentales………………… 36
Segunda Parte
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. . . . . . . . . . . . . . . 38
I. Concepto de contrato administrativo…………………………. 38
II. Características del contrato administrativo…………………….. 39
1. El contrato administrativo se encuentra sometido a un régimen de Derecho Público en unión con herramientas del Derecho Privado…… 40
2. Tiene por objeto satisfacer una necesidad pública…………….. 42
3. Los efectos del contrato administrativo se definen en razón del interés público involucrado y pueden incluso alcanzar a terceros……….. 43
4. Es un contrato “intuito personae” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5. Dispone de cláusulas exorbitantes en favor de la Administración….. 45
5.1. El poder de interpretación unilateral del contrato………… 47
5.2. El poder de dirección, fiscalización, inspección y control……. 48
5.3. El poder sancionatorio o correctivo de la Administración…… 49
5.4. El poder de modificación unilateral del contrato (“ius variandi”). . 50
5.5. El poder de terminación unilateral del contrato. . . . . . . . . . . . . . 52
III. Clases de contratos que celebra la administración: con transferencia de funciones públicas y sin transferencia de funciones públicas………… 54
1. Contratos en que existe transferencia de funciones públicas al sector privado… … 55
2. Contratos en que no existe transferencia de funciones públicas al sector privado. . . . … … 58
IV. Tipos de contratos administrativos regulados por el ordenamiento jurídico chileno……. 60
1. Contrato de obra pública regulado en la LOCMOP y el RCOP……. 61
2. Contrato de concesión………………………………… 62
2.1. Contrato de concesión de obra pública regulado por la LCOP y el RLCOP… 63
2.2. Contrato de concesión de servicio público………………. 65
2.3. Contrato de concesión municipal bajo la LOCM………….. 66
Índice
259
Capítulo II
EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS BAJO LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO… 69
Primera Parte
LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO…………… 69
I. Los orígenes de la LBCASYPS y su Reglamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
II. Objetivos de la LBCASYPS y su Reglamento……………………. 70
1. Lograr un uso eficiente de los recursos públicos……………… 70
2. Utilizar las compras públicas como una herramienta para ejecutar
Políticas públicas sustentables e inclusivas…………………… 73
III. Aplicación de la LBCASYPS y su Reglamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1. Ámbito de aplicación material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2. Ámbito de aplicación subjetivo…………………………… 76
IV. Características de la LBCASYPS…………………………….. 78
1. Es una Ley de bases…………………………………… 78
2. Es una norma de aplicación directa……………………….. 79
3. Constituye un cuerpo de principios y reglas jurídicas aplicables supletoriamente a otros tipos de contratos administrativos………….. 79
V. La nueva institucionalidad que introdujo la LBCASYPS……………. 80
1. TCP………………………………………………. 80
2. DCYCP……………………………………………. 87
3. Sistema de Información……………………………….. 88
3.1. Obligación de inscripción en el Registro Electrónico de contratistas o proveedores . . . . 89
3.2. Obligación de contratar electrónicamente………………. 89
3.3. Obligación de suministrar información básica……………. 90
Segunda Parte
ASPECTOS CONCEPTUALES DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. . . . . . . . . 91
I. Concepto……………………………………………… 91
II. Características…………………………………………. 92
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
260
Tercera Parte
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
REGULADOS POR LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO……. 92
I. La licitación pública……………………………………… 94
1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3. Características………………………………………. 98
3.1. Es un procedimiento concursal abierto………………… 98
3.2. Es un mecanismo de carácter obligatorio……………….. 98
4. Principales etapas……………………………………. 99
4.1. Preparación o elaboración de las bases de licitación……….. 99
4.2. El llamado o aviso a participar en la licitación pública……… 105
4.3. Período de consultas y aclaraciones……………………. 106
4.4. Presentación y recepción de ofertas…………………… 107
4.5. Apertura de ofertas……………………………….. 109
4.6. Evaluación de las ofertas……………………………. 110
4.7. Adjudicación del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.8. Perfeccionamiento del contrato……………………… 116
II. Licitación privada……………………………………….. 117
1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3. Características………………………………………. 119
3.1. Es un procedimiento concursal cerrado………………… 119
3.2. Es un mecanismo de carácter excepcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.3. Subsidiariamente le son aplicables las normas de la licitación pública…. 120
4. Principales etapas……………………………………. 120
4.1. Dictación y publicación de la resolución fundada que dispone la licitación privada…… 120
4.2. Preparación y elaboración de las bases de licitación privada….. 121
4.3. Invitación a participar……………………………… 121
4.4. Recepción y evaluación de ofertas…………………….. 122
4.5. Adjudicación y perfeccionamiento del contrato………….. 123
III. Trato o contratación directa……………………………….. 123
1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Índice
261
3. Características………………………………………. 125
3.1. No es un procedimiento concursal, sino una negociación directa. 125
3.2. Es un mecanismo de carácter excepcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.3. Subsidiariamente, le son aplicables las normas de la licitación pública y privada. 127
4. Principales etapas……………………………………. 127
4.1. Cotizaciones previas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.2. Dictación y publicación de la resolución fundada por medio de la cual se procede al trato directo e identificación del contratante. 128
4.3. Celebración del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
IV. Compra Ágil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3. Características………………………………………. 131
3.1. Es un procedimiento concursal cerrado………………… 131
3.2. Es un mecanismo de carácter obligatorio……………….. 132
3.3. Subsidiariamente, le son aplicables las normas de la licitación privada………………………………………… 132
4. Principales etapas……………………………………. 132
4.1. Requerimiento de 3 cotizaciones……………………… 132
4.2. Emisión y posterior aceptación de la orden de compra……… 133
V. Convenio marco…………… 133
1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3. Características………………………………………. 135
3.1. En ciertos aspectos es un mecanismo de carácter
Concursal y, en otros, es una negociación……..135
3.2. Es un procedimiento obligatorio……………………… 136
4. Principales etapas……………………………………. 137
4.1. Suscripción del convenio marco por la DCYCP. . . . . . . . . . . . . . . 137
4.2. Suscripción del convenio marco por la entidad licitante…….. 139
VI. Gran compra vía convenio marco……………………………. 139
1. Concepto………………………………………. 139
2. Procedencia…………………………………….. 140
3. Características…………………………………… 140
3.1. En ciertos aspectos es un procedimiento concursal abierto y en otros es cerrado …………… 141
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
262
3.2. Es un procedimiento obligatorio……………………… 141
3.3. Supletoriamente, se le aplican todas las disposiciones del
RLBCASYPS…………………………………….. 141
4. Principales etapas……………………………………. 141
4.1. Comunicación de la intención de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.2. Presentación y evaluación de ofertas…………………… 142
4.3. Adjudicación, dictación del acto administrativo y suscripción del acuerdo complementario…………………………… 143
Cuarta Parte
LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO………….. 144
I. Principio de estricta sujeción a las bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
II. Principio de libre concurrencia……………………………… 147
Capítulo III
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES. . . . . 151
Primera Parte
ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
DE LOS OFERENTES………………… 151
I. El principio de igualdad en la CPR…………………………… 151
1. Igualdad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
2. La igualdad como protección de bienes públicos importantes. . . . . . . 156
3. Igualdad como no discriminación por factores pertenecientes a grupos…. 156
4. Igualdad como obligación positiva de promover la igualdad de oportunidades……… 158
II. El principio de igualdad en las contrataciones administrativas………. 159
III. Elementos sustantivos (dimensión formal) del principio de igualdad de los oferentes regulado en el artículo 9 de la LOCBGAE……….. 161
IV. La tautología del contenido del principio de igualdad de los oferentes en
La jurisprudencia del TCP y la CGR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
V. Distintas concepciones del principio de igualdad de los oferentes. . . . . . . 167
1. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una igualdad de trato….. 167
263
2. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una prohibición de privilegios… 168
3. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una garantía de imparcialidad… 169
4. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una garantía de igualdad de oportunidades. . . . . 170
5. El principio de igualdad de los oferentes como igual sujeción a las base. .. . .. . . . 171
VI. Infracciones al principio de igualdad de los oferentes…………….. 172
1. Otorgar un privilegio a un oferente en desmedro del resto de los proponentes…………………………………………… 173
2. Establecer un trato desigual entre los oferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3. Causar un perjuicio al resto de los participantes………………. 177
4. Dejar a un oferente en desventaja respecto con el resto………… 177
5. Comparar ofertas que no resultan del todo comparables……….. 178
Segunda Parte
MANIFESTACIONES Y EXCEPCIONES AL PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES………….. 179
I. Fase preparatoria a la licitación…………………………….. 179
1. El estudio de mercado previo debe efectuarse considerando a todos los
Oferentes…………………………………………… 180
2. El diseño de las bases debe efectuarse con confidencialidad……… 180
3. La entidad licitante debe utilizar el procedimiento de contratación
Administrativa que la LBCASYPS y el RLBCASYPS determinan para cada
Caso en particular…………………………………….. 181
II. Elaboración, diseño y publicación de las bases de la licitación……….. 182
1. Las bases deben estar formuladas con un lenguaje preciso y directo… 183
2. El orden de prelación que existe entre los documentos que rigen la
Licitación no puede ser modificado……………………….. 184
3. El contenido de las bases no puede ser objeto de negociaciones entre
La Administración y el oferente…………………………… 185
4. Las condiciones y reglas fijadas en las bases no pueden establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes……………………. 186
5. Las características o estándares de los bienes o servicios solicitados deben
Ser descritos de manera objetiva………………………….. 188
5.1. Las bases no pueden solicitar marcas específicas………….. 189
5.2. No se pueden describir los bienes o servicios requeridos de manera
Tal que sólo un proveedor pueda cumplir con dichas exigencias. 191
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE
264
6. El contenido de las bases no puede ser modificado,
sino muy limitadamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
5.1. El contenido de las bases puede ser modificado antes del cierre
De la recepción de las ofertas siempre que se otorgue un plazo
Prudencial a los proveedores para adecuar sus propuestas…… 193
5.2. Luego del cierre de la recepción de las ofertas, el contenido de
Las bases no puede ser modificado, a menos que se resguarden los
Eventuales derechos de los oferentes…………………… 194
5.3. El contenido de las bases no puede ser modificado durante el
Periodo de preguntas y aclaraciones…………………… 196
5.4. En caso de que una licitación pública o privada sea declarada
Desierta, el contenido de las bases de la nueva licitación o trato
Directo no puede ser modificado……………………… 197
III. Llamado a los oferentes…………………………………… 198
1. El llamado debe ser público y gratuito……………………… 199
2. El llamado debe ser abierto…………………………….. 200
IV. Presentación de ofertas…………………………………… 202
1. Las ofertas deben someterse a los requisitos exigidos en las bases…. 203
1.1. Excepción: pueden aceptarse las ofertas que no cumplen con los
Requisitos formales, no esenciales, exigidos en las bases. . . . . . . . 204
2. Las ofertas deben contener todos los documentos y antecedentes exigidos
En las bases, por lo que no pueden admitirse ofertas incompletas…. 207
2.1. No procede la aceptación de ofertas incompletas, aun cuando las
Omisiones hayan sido justificadas por el oferente afectado…… 208
2.2. No procede aceptar ofertas incompletas, aun cuando la entidad
Licitante cuente con los documentos omitidos por haber sido presentados en licitaciones anteriores……………………. 209
2.3. No procede que la entidad licitante acepte documentos equivalentes
a los solicitados en los respectivos pliegos ……………….. 209
2.4. No procede la aceptación de ofertas incompletas amparándose en
Que los archivos digitales contenían errores técnicos……….. 210
2.5. Excepción: pueden aceptarse ofertas incompletas siempre y cuando
La omisión recaiga en aspectos formales, no esenciales exigidos en
Las bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3. Las ofertas no pueden ofrecer bienes o servicios adicionales a los solicitados, aun cuando aquel ofrecimiento no implique un mayor gasto
Para la Administración………………………………… 211
4. Las ofertas deben ser presentadas dentro del plazo establecido en las
Bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
5. No pueden admitirse modificaciones a las ofertas…………….. 214
Índice
265
5.1. Primera excepción: facultad de la autoridad licitante para solicitar
a los oferentes que salven errores u omisiones formales . . . . . . . . 215
5.2. Segunda excepción: facultad de la entidad licitante para solicitar
Aclaraciones de las ofertas………………………….. 219
6. Cada oferente tiene el derecho a presentar una sola oferta………. 221
V. Las garantías o cauciones………………………………….. 223
1. La entidad licitante debe solicitar a todos los oferentes una garantía que
Cumpla con las mismas condiciones……………………….. 223
1.1. Todos los oferentes deben presentar una garantía…………. 223
1.2. Las garantías presentadas por los oferentes deben cumplir con las mismas
Condiciones……………………………… 223
2. El monto de las garantías no debe significar una discriminación arbitraria para las empresas y oferentes más pequeños…………………. 225
VI. Evaluación de las ofertas………………………………….. 226
1. La evaluación de las ofertas debe realizarse por medio de una comisión
Imparcial…………………………………………… 227
1.1. Los miembros de la Comisión Evaluadora no pueden tener conflictos de interés…………………………………. 227
1.2. Prohibición de contacto entre los miembros de la Comisión Evaluadora
y los oferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
2. La evaluación de las ofertas debe efectuarse de conformidad con los
Criterios, puntajes y ponderaciones establecidos en las bases……… 230
3. Las ofertas deben ser evaluadas en base a criterios objetivos……… 233
VII. Adjudicación y ejecución del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
1. La adjudicación debe realizarse de conformidad con los mecanismos
Definidos en las bases………………………………….. 238
2. El pago del contrato debe realizarse de conformidad a lo estipulado en las bases…………………………………………… 239
3. El contrato no puede ser modificado………………………. 239
3.1. Primera excepción: los contratos administrativos pueden ser
Objeto de modificaciones cuando así lo permitan las bases y/o el
Contrato……………………………………….. 241
3.2. Segunda excepción: los contratos administrativos pueden ser objeto de modificaciones en caso de que ocurra un caso fortuito o fuerza mayor………………………………………….
243
3.3. Tercera excepción: los contratos administrativos pueden ser objeto de modificaciones que no alteren su esencia. . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Conclusiones……………………………………………… 247
Bibliografía……………………………………………….. 249Quick View -
ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ANÁLISIS NORMATIVO, DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL
$35.000ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ANÁLISIS NORMATIVO, DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL
$35.000ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ANÁLISIS NORMATIVO, DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL A VEINTE AÑOS DE LA LEY N°
19.880
Luego de 20 años de su entrada en vigor, se advierte que esta norma ha desarrollado un rol relevante tanto para la Administración como para las
personas, por cuanto ha proporcionado reglas claras para el ejercicio de la actividad de órganos y servicios públicos, además de establecer principios y garantías mínimas para las personas en sus relaciones con la Administración.
Esta publicación tiene por objeto analizar normativa, dogmática y jurisprudencialmente todos los artículos de la LBPA, para efectos de dar cuenta de la doctrina actual de cada uno de ellos y los sentidos y alcances de los que han sido objeto durante estos 20 años.
Asimismo, los autores proporcionan una aproximación interpretativa respecto de las normas de tramitación electrónica incorporadas recientemente en la ley de tramitación electrónica, los nuevos principios, las notificaciones electrónicas y el expediente administrativo digital, ello a partir de las investigaciones y estudios nacionales y comparados existentes.
En la parte final, se acompaña un anexo con la recopilación de la doctrina nacional sobre acto y procedimiento administrativo publicada desde la entrada en vigencia de la Ley No 19.880 hasta la fecha, el cual ha sido elaborado a partir de un criterio estrictamente cronológico, distinguiendo entre artículos de doctrina, libros y capítulos de librQuick View -
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO ADMINISTRATIVO
$109.900DERECHOS HUMANOS Y DERECHO ADMINISTRATIVO
$109.900Esta obra recoge un amplio conjunto de trabajos elaborados con la valiosa aportación de numerosos expertos en Derecho Administrativo de
Iberoamérica, que conforman un panorama completo de la estrecha relación que existe entre el Derecho Administrativo, la dignidad humana y
los derechos humanos de ella derivados.
A través de los distintos y profundos estudios que contiene este libro se tratan aspectos de gran relevancia e interés estructurados en seis
grandes bloques temáticos: la centralidad de la persona en el Estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos frente a la
Administración, la exigibilidad de los derechos humanos ante la Administración, los derechos humanos generales frente a la actuación
administrativa, los derechos humanos específicos en los procedimientos administrativos, y la actualidad de los derechos sociales.
La funcionalidad y significación jurídica de los derechos fundamentales ha venido, afortunadamente, a alterar la esencia de un Derecho
Administrativo quizás demasiado apegado a una perspectiva estática de la autotutela que requería de una nueva explicación, de una justificación
a la luz de los parámetros y criterios constitucionales. Por eso, el tratamiento de los derechos fundamentales de la persona es una de las
principales expresiones de un nuevo Derecho Administrativo al que hay que acercarse desde la Constitución para proyectar su luz sobre el
conjunto de las instituciones, conceptos y categorías de nuestra área de conocimiento. Y consideramos por ello que esta es una de las grandes
aportaciones de este libro, que resultará de gran interés para todos los estudiosos de esta materia.
I. CENTRALIDAD DE LA PERSONA EN EL ESTADO DE DERECHO
(La dignidad humana como fuente de los derechos; deberes que impone la buena administración)Desafíos a la centralidad del administrado que plantea la transformación digital de la administración
Carlos E. Delpiazzo
La dignidad humana y el bien común como fundamentos del Derecho Administrativo y la deriva autoritaria en Venezuela
José Ignacio Hernández G.
La dignidad humana como fuente de reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, a personas al servicio de las fuerzas armadas
y de orden, en el Estado de Derecho
Ramón Huidobro Salas
La dignidad de la persona como fuente de derecho en el Estado Social de Derecho
Leonardo Massimino
La dignidad como fuente de los derechos personales
Ismael Mata
El derecho a una buena administración en los ordenamientos español, de la Unión Europea e internacional
José Antonio Moreno Molina
La dignidad humana y los principios generales del Derecho
Carlos R. Ríos Gautier
Derecho Administrativo y Constitución de 1978
Jaime Rodríguez-Arana
Centralidad de la persona humana, su dignidad como fuente. Reconocimiento internacional y en Uruguay. Proyecciones en la relación privada y
ante las nuevas tecnologías
Felipe Rotondo
Centralidad de la persona en el Estado de Derecho. Deberes que impone la buena administración: deber de pronunciamiento expreso y fundado
Adriana Taller
II. GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN
(Tutela administrativa efectiva; tutela jurisdiccional efectiva)
Regulación inteligente para la protección de los derechos fundamentales
Analía Antik
La tutela administrativa efectiva y el debido procedimiento administrativo en El Salvador
Miguel Ángel Cardoza Ayala
Hacia una efectiva tutela administrativa
Miriam Mabel Ivanega
Tutela administrativa y el principio de non bis in ídem. Una perspectiva desde el ordenamiento jurídico salvadoreño
Henry Alexander Mejía
La ejecución de la sentencia contencioso administrativa cómo garantía de tutela de los derechos sociales fundamentales: “el pleito testigo”
Armando Enrique Mena Castro
La protección de los Derechos Humanos en la ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Nicaragua
Karlos Navarro Medal
El derecho a la tutela administrativa efectiva en el Derecho argentino
Pablo Esteban Perrino
Garantía de los derechos humanos frente a la Administración. Tutela Jurisdiccional Efectiva
Graciela Ruocco
Garantía de los derechos humanos frente a la Administración. Tutela Administrativa Efectiva
Cristina Vázquez
Diseño del procedimiento administrativo a la luz de las garantías convencionales y los derechos humanos
Jaime Andrés Villacreses Valle
Tutela administrativa efectiva de los derechos y extensión de los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial en Colombia William Zambrano Cetina
III. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN
(Marco general; respuestas específicas)
El derecho humano a la educación (Su exigibilidad ante la Administración)
Jorge Albertsen
Relaciones entre derechos humanos y Derecho Administrativo: perspectivas y cometidos del administrativista
Javier Barnes
La concreción de los derechos fundamentales desde el Derecho Administrativo
Luis José Béjar Rivera
Las transformaciones hacia un Derecho Administrativo humano
Alfonso Buteler
El acceso a medicamentos y servicios de salud desde la judicialización (¿el inútil juicio a la Administración Pública?)
Christian Campos Monge
La independencia de los comités de ética de la investigación
Marta Franch – Paula Martín
La fortificación del Derecho Digital bajo las pautas del Estado de Derecho
Nancy Nelly González Sanmiguel
Derechos Fundamentales y Litigación Pública
Claudio Moraga Klenner
El derecho humano a la ética públicaEl Derecho Administrativo en la realización de los derechos humanos
Armando Rodríguez García
Reivindicación de la ley como delimitadora de los derechos humanos
Natalia Veloso Giribaldi
IV. DERECHOS HUMANOS GENERALES FRENTE A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
(Libertad e igualdad; subsidiariedad y solidaridad; otros)
La renovada lucha por la igualdad en la modernidad de los algoritmos en la sede administrativa
Gladys Camacho Cépeda
La dignidad de la persona y el bien común. Sus proyecciones sobre el Derecho Administrativo y el principio de subsidiariedad
Pedro José Jorge Coviello
Los derechos del consumidor como derechos fundamentales
Javier A. Echevarría Vargas
La buena administración de la gestión pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos
Martín Galli Basualdo
La prevención administrativa en derechos humanos
Pablo Gutiérrez Colantuono
El derecho humano de propiedad
Víctor Rafael Hernández-Mendible
Servicios públicos y regulación eficiente de la Administración Pública Digital
Vivian Cristina Lima López Valle
Derecho, seguridad humana y gestión pública
Carlos Fernando Matute González
El derecho fundamental de acceso igualitario a la función pública
Juan Carlos Moron Urbina
Retos sobre la protección de los derechos humanos frente a la Administración
Laura Ospina Mejía
Subsidiariedad en la segunda reforma previsional uruguaya
Miguel Pezzutti
Los Derechos Humanos frente a la actuación administrativa. Principios de libertad e igualdad
Mariella Saettone Montero
V. DERECHOS HUMANOS ESPECÍFICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(Debido procedimiento; confianza legítima; otros)
Derecho a una buena Administración, la tutela administrativa efectiva y el debido proceso administrativo
Juan Domingo Alfonzo Paradisi
El respeto a la dignidad humana en los procesos administrativos en Panamá
Víctor Leonel Benavides Pinilla
Presunción de inocencia y estándares probatorios en el Derecho Administrativo mexicano. Las sanciones contravencionales
Gerardo Centeno Canto
Debido procedimiento previo y suspensión de oficio de los efectos del acto administrativo irregular estable
Fernando Gabriel Comadira
El principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador externo
Pablo Daniel Cruz
El principio del debido procedimiento administrativo en el Perú
Jorge Danós Ordóñez
Derechos exigibles ante los procedimientos administrativos de tercera generación: información y participación
Gabriel Delpiazzo Antón
El principio de confianza legítima como rector de la función administrativa en el sistema jurídico colombiano: una modalidad de derecho humano
que implica garantía y protección
Ciro Nolberto Güechá Medina
Precedente administrativo. Confianza legítima y la doctrina del acto propio
Adrián A. Gutiérrez
La admisibilidad del escrito de interposición en el procedimiento contencioso-administrativo por vulneración de los derechos fundamentales de la
persona: perspectivas jurisprudenciales ante la desafortunada tendencia a la inadmisión
José Ignacio Herce Maza
El principio de confianza legítima y su gravitación como derecho humano en el procedimiento administrativo
Luis Eduardo Rey Vázquez
El debido procedimiento: aspectos conceptuales y su aplicación en Colombia
Libardo Rodríguez Rodríguez
Una mirada retrospectiva al debido proceso en el procedimiento administrativo venezolano: del Proyecto de 1965 a la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos de 1981
Miguel Ángel Torrealba Sánchez
VI. ACTUALIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES
(Su alcance; su desarrollo; su aplicación)
Actualidad de los derechos sociales. Su desarrollo. Las dificultades para la medición objetiva de su progresividad, conforme a las Observaciones
y Recomendaciones de los órganos supranacionales de control.Raquel Cynthia Alianak
Alcance de los derechos sociales
Hernán A. Celorrio
Derechos humanos y Derecho Administrativo: los derechos sociales y las compras públicas en Honduras
Héctor Martín Cerrato
Derechos sociales fundamentales, servicios sociales y derecho de la competencia. Especial referencia a la enseñanza
Augusto Durán Martínez
La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de las actuaciones administrativas
Luis Ferney Moreno
Os direitos fundamentais sociais e o mínimo existencial: desafios de uma equação político-jurídica
Rogério Gesta Leal
La regulación de los datos personales: algunas consideraciones en relación a los derechos sociales fundamentales
Federico Morandini
La educación como requerimiento para la buena administración
Alejandro Pérez Hualde
El desafío actual del Derecho Disciplinario para el logro de una buena administración
José Roberto SappaQuick View -
DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA
$49.000Quick View